Primero de todo, definiendo mi posición: soy interino. De 19 años y medio, he sido funcionario de carrera durante un mes y una semana, si no recuerdo mal. Y lo fui gracias a un proceso de consolidación de plantilla de un organismo de nueva creación.
Como interino que lleva desde 2009, justo esta semana hace 13 años, en la misma plaza y que durante este período de tiempo solo ha podido participar en dos procesos selectivos, uno en 2009 y el que está en marcha en la actualidad, creo que la situación en la que nos pone la Unión Europea solo puede solucionarse con una consolidación de interinos en plan "grupo salvaje".
¿Se conculcan principios como la libre concurrencia, la igualdad de oportunidades? Pues eso parece, si nos fijamos en lo concerniente a los interinos que llevamos más tiempo, que podrían acceder a una plaza de funcionario de carrera mediante una fase de concurso. Pero, ¿se ha pensado en qué pasaría si en administraciones con unos porcentajes de interinos cercanos al 50 % o incluso superiores, el 90 % de ese porcentaje tuviese que dejar su puesto el día anterior al que accedan los opositores que hayan aprobado el concurso-oposición?
Creo que en este tema hay que abrir la óptica y visualizar las afectaciones que supondría un hecho como el descrito anteriormente. Antes he comentado que se conculcarían derechos a los potenciales participantes en las oposiciones, pero en esta sustitución masiva e inmediata, ¿los derechos de cuantos ciudadanos a recibir los servicios públicos a los que tiene derechos se conculcarían? ¿Qué derechos pesan más? No sé la respuesta, pero me planteo la cuestión.
Resulta que de esto hay una derivada (bonito palabro de los que últimamente están en boga), que es todo el negocio que hay alrededor de la preparación de las pruebas que componen el conjunto del proceso de selección de funcionarios: las academias de preparación, profesores universitarios, funcionarios de las escalas superiores que preparan a candidatos, sobre todo en las fases más exigentes de los cuerpos y escalas singulares y, por tanto, mejor remuneradas.
Si nos ponemos quisquillosos con el tema de los derechos y la igualdad de oportunidades, no sé, aquí hay una cierta disfuncionalidad de todo el sistema. Sólo los que disponen de cierta seguridad económica que permita la dedicación exclusiva a prepararse las mejores plazas de la Función Pública, son los que al final coparán los puestos mejor retribuídos y que mayor influencia ejerzan sobre el resultado final de las políticas públicas. Imprimiendo, de manera indirecta, el sesgo sociopolítico de los futuros altos funcionarios.
Sabemos que, a modo de justificación, los provenientes de estas clases sociales bien estantes usaran el argumento del porcentaje residual que no pertenece a la suya, como justificación de la equidad del sistema. Vamos, que hacer de la anécdota, norma. Argumentos que la reiteración de ciertos apellidos, principalmente compuestos, copan dichas plazas. Pero esto no es nada nuevo, en la sociedad en general. Aquí se podría hablar de cierto determinismo urbano, retomando teorías de otras épocas.
Curiosa ha sido la reacción furibunda de cierta federación de altos funcionarios en defensa de un sistema de selección de trabajadores, más aún cuando el asedio digital al que estamos sometidos los funcionarios es implacable. ¿Cómo es posible que las competencias en cuestiones de tecnologías de la información y de la comunicación no aparezcan en ningún momento de la fase oposición? Claro, lo fácil es obtener un certificado acreditativo por parte de entidades que colaboran con la Administración y fiarnos de su ética.
Bueno, puestos a seguir con el modelo tradicional, por qué no hacemos alguna variación en el orden de establecer las pruebas. Actualmente, seleccionamos al que mejor capacidad retentiva tiene de un temario tan extenso como absurdo y que supera un cuestionario y una serie de preguntas cortas o el vomitado de un extenso tema. En lugar de una primera fase, eliminatoria, de conocimientos teóricos, hagamos una primera fase de conocimientos prácticos. Busquemos a aquel que sepa como aplicar los conocimientos teóricos y, a continuación, seleccionemos de entre los que saben trabajar, al que mayores conocimientos teóricos tenga. La lógica actual nos lleva a eliminar a todo aquel que no es una esponja conceptual sin ningún conocimiento de aplicación práctica. Muy bien, todo. Luego, el día de su posesión, hay que adiestrarlo. En numerosas ocasiones, este adiestramiento lo realiza alguien de un cuerpo y escala inferior y, por ende, con menores retribuciones.
Si escogemos a lo antiguo, es complicado que podamos progresar hacia la modernidad. El hecho de meter temas sobre cuestiones organizativas, trabajar por objetivos, programas, mediante indicadores, con una revisión y evaluación constante de políticas como de métodos de trabajo, no asegura que posteriormente se sepan aplicar todos estos conceptos en el día a día de su trabajo.
Retomando el inicio de la reflexión, la disposición precedente es la que está generando más rechazo por parte de los preparadores de oposiciones. Rechazo disfrazado con la quiebra de la igualdad de derechos. Es una sensación al hilo de su posicionamiento. Esta disposición abre un escenario en el que no hay manera de rascar cierto beneficio para el entramado que se urde alrededor de la preparación de oposiciones. ¿Conspiranoia? Quizás, pero hay mucha sobresueldo en ese mundo.
Todo esto viene para resolver el problema de la temporalidad. Pero hay quien no ha visto en perspectiva esta cuestión, sobre todo en relación a la carrera administrativa la que todo funcionario ha de tener la oportunidad de optar. Si un funcionario quiere promover su carrera en una estructura jerarquizada y tremendamente piramidal, llega un momento en el que esta queda estancada en la organización en la que tienen su plaza de funcionario de carrera, la famosa reserva de plaza. Cuando un funcionario quiera promocionar, se ha de marchar pero conserva su plaza por si ha de volver, con lo que nos encontramos con una plaza ocupada de forma temporal, que no volverá a estar ocupada de forma estable hasta que vuelva el propietario de la plaza.
Cuando una organización tiene una relación de puestos de trabajo con niveles mínimos, lo que va a provocar a medio plazo es que sus trabajadores acaben marchándose fuera, descapitalizando la organización y consolidando una situación de interinidad.
Vamos, que hay que entrar en el fondo de la cuestión de la reserva de plaza y su lógica. Quizás sea necesario hacer que esta desaparezca en el momento en el que un interino haya agotado los tres años a los que le limitará la actual legislación. Veremos.
Para ir acabando, hay otra idea que me ronda que no entiendo cómo no se ha puesto en marcha. Esta es la de que sea cada ministerio, consejería, organismo o entidad pública la que convoque las oposiciones para cubrir las plazas que se están ocupando de forma provisional en ese momento, así como para cubrir las plazas que quedaran vacantes con la progresiva jubilación de sus trabajadores. ¡Ojo, qué se acerca la jubilación de la generación del Baby Boom!
Esta idea puede tener múltiples críticas, pero mientras no se haya procesos selectivos anuales y en la cantidad necesaria para suplir la interinidad y las jubilaciones, creo que debería ser una cuestión muy a tener en cuenta. Se puede intuir que pueden servir para sobredimensionar organizaciones. Pero el hecho de asumir esta competencia por cada organización, no quiere decir que no haya ciertos mecanismos de control externos, que se dediquen a controlar que no haya desmanes, pero no que se dedique a cercenar cualquier iniciativa que tenga por objeto paliar las necesidades reales de dotación de personal.
El tema es complejo. Cualquier argumentario tiene sus lagunas, como lo poco esbozado aquí, pero mucho más complejo es llegar a poder implementarlo y materializarlo de la forma más coherente y razonable.
Con todo lo que he comentado, creo que el problema de la temporalidad no tiene solución con lo que se está llevando a cabo, es necesaria una reforma absoluta de todo el tema de personal en la Administración Pública.
