miércoles, 17 de noviembre de 2021

Presuspuesto, ejecución, contratación, transparencia y otros unicornios.

Llevaba barruntando sobre el tema desde hace tiempo. Desde que empecé a escuchar a una de las últimas directoras que hemos tenido, sobre el porcentaje de ejecución del presupuesto del año 2019, creo. A esto, hay que añadirle la sonata recurrente de "si no se gasta, el dinero se pierde". A ver si consigo ordenar conceptos y ligar argumentos.

A partir de ahí, se ha ido desarrollando en mi cerebro una interrelación entre estos temas: el presupuesto, la ejecución del presupuesto, la contratación administrativa (en la parte relativa sobre el presupuesto: partidas de gasto corriente e inversión), la transparencia y seguro que surge alguna cosa más. Sí, claro la deuda pública, que parece que no, pero que orbita alrededor de todos estos conceptos.

La primera interrelación es la que se realiza entre el presupuesto y su ejecución. Primero, vamos a ser honestos, y decir que sobre cuestiones presupuestarias entiendo lo justo: vamos, que es una previsión de gastos y una estimación de ingresos y, que en principio, se debería cuadra a cero. Mi primera observación es sobre qué es lo que impera en la ejecución presupuestaria, si cumplir el objetivo de gasto y dejar todas las partidas a cero o si, por el contrario, debe cumplir el objetivo de ejecutar los programas al mejor precio posible.

Una vez hemos llegado a aquí, entra en juego la contratación pública, que es el medio por el cual las administraciones consiguen proveerse de servicios, obras y suministros. Si la contratación se sujeta a una programación, no exenta de acontecimientos imprevistos, que la ley resguarda bajo el paraguas de la contratación por emergencia, el objetivo es conseguir la mayor calidad al mejor precio, suponiendo un ahorro en cada contratación. Asimismo, nos encontramos con que estamos ejecutando lo programado que tiene su reflejo sobre las cuentas previstas sobre el presupuesto. No nos olvidemos, que cada licitación tiene sus plazos procedimentales, donde la improvisación, que no la emergencia, deberían tener un impacto mínimo, tendente a cero.

Es aquí cuando ambas interacciones entran en una tercera, que podría definirse como contradictoria, colusiva (de colisión, de impacto). Intento explicarme, Si hemos conseguido satisfacer las necesidades programadas por un importe inferior al presupuestado, consiguiendo de esta manera un ahorro en las arcas públicas, nos encontramos ante la imposibilidad de no poder ejecutar el 100 % del presupuesto. Aquí es donde aparece mi gran duda ¿cuál es el objetivo primordial? ¿ejecutar todo el presupuesto, es decir, dejar a cero todas las partidas; o, ejecutar todo lo programado? Mi parecer se inclina por la segunda opción. Además, la contratación pone en manos de los responsables mecanismos para poder llegar al máximo de ejecución del importe presupuestado: básicamente, la adjudicación por importes unitarios con el tope del presupuesto máximo de licitación, que te permite satisfacer un número superior de servicios o suministros a los previstos.

Con este excedente entramos en la última interacción, que es uno  de esos unicornios que rodean a la administración: la deuda pública y la famosa frase que cito en la introducción "el dinero se pierde". Aquí es donde puedo empezar a divagar, si no lo he hecho antes. Tenemos el objetivo de satisfacer lo programado presupuestariamente y conseguirlo con el máximo ahorro posible sin perder el mínimo de calidad necesario. Si conseguido este objetivo, tenemos un remanente presupuestario, mi parecer es que debería dedicarse a sofocar la deuda pública (tendría que repasar concepto para no confudirlo con el déficit público), aligerando la carga que supone esta partida dentro de presupuestos futuros. 

Pero es aquí donde entra el otro unicornio que relaciona presupuesto y ejecución, que es el "dinero se pierde". Creo que esta es una rémora que se arrastra de esa tradición tan arraigada que es el presupuesto incrementalista: gastarlo todo para que en el presupuesto siguiente puedas perdir lo mismo, como mínimo. Al final, acabas condicionando presupuestos futuros a ejecuciones actuales hechas de manera impulsiva y sin más objetivo que el ya explicado, no "perder" dinero.

Es curioso ese doble sentido del concepto perder, relacionado temporalmente. El creer que no gastar ese dinero presupuestado se ha perdido, como si que acabe destinado a sofocar, menguar, reducir la deuda pública no fuese un objetivo suficientemente importante. Esa es la concepción del aquí y ahora, que se acaba vinculando con un futuro en el que no se podrá obtener el mismo presupuesto, po no haber gastadolo anteriormente. Me parece una visión súmamente obtusa, tanto por el que se plantea como unidad de gasto, como por la unidad que debe autorizar la cantidad máxima a gastar.

Creo que aquí ya empiezo a generar cierta nebulosa conceptual y puede hacer poco comprensible lo explicado. Ya lo he avisado al inicio.

Para el final he dejado el tema de la transparencia, que igual daba para otro post (poner artículo me parece de una soberbia importante), pero ya lo dejo aquí.

En estos días nos llegan las peticiones para recopilar la información sobre futuras contrataciones, indicando importes, tipología de contratos, fechas y objetos del contrato con la intención de publicarlo en el perfil del contratante. Mientras estaba leyendo la solicitud me asaltó la siguiente duda: No le estaremos facilitando a las empresas, con este tipo de información y en formatos que facilitan el tratamiento de los datos, que estas puedan llegar a acuerdos de reparto de mercados, a montar cárteles en los que deciden quién se presenta a qué y dónde.

Entiendo que el objetivo es facilitar que las empresas se preparen para que decidan cuál de las licitaciones futuras es de su interés, pero, como digo, el uso de esta información puede ser usada con otros objetivos. Si hasta llegamos a darles una aproximación de cuanta parte del pastel se pueden repartir.

De ahí, mis objecciones a publicar dicha información de la forma en la que se realiza. Creo que debería limitarse, que no se debería informar, en ningún caso, de los importes previstos e, incluso, del objeto del contracto de forma tan singularizada. Quizás se podría usar el CPV como guía, para intentar poner obstáculos en la formación de posibles cárteles.