Edificios compartidos, servicios duplicados.

Si hay algo que particularmente me cuesta entender, es todo lo relacionado con la cuestión patrimonial y la gestión de los edificios administrativos.

Actualmente, para poder ejercer cierta actividad, parte del personal ha ocupado parte de un edificio que es propiedad de la administración superior. Esto no debería suponer ningún problema, en principio. Tú vas, ocupas el espacio que te adjudica el cedente y te dedicas a prestar el servicio previsto.

La lógica diría que junto con esa cesión, se acompaña la información relativa a todo aquello que incumbe a la ocupación de un espacio por parte de un organismo: la resolución de cesión de éste, un dosier con toda la información relativa a servicios que están contratados, qué suministros también lo están, datos de contacto con las empresas que lo están prestando, entre otros.

Pero la lógica, como la teoría o el sentido común, son eso, conceptos sujetos a una definición que parece clara. La realidad y la práctica, pues ya si eso.

La cuestión se complica cuando la gestión del espacio no es de la administración propietaria, sino de uno de sus organismos, cuando los ocupantes son terceros que no dependen directamente ni de uno ni de otro. A esto añadir, que los últimos ocupantes lo habían hecho forzados por toda la situación generada por el COVID, con lo que la contratación de algunos servicios se hizo de forma laxa o al amparo de esa emergencia que todo lo engullía.

Entre las singularidades con las que me he encontrado hay que ciertos servicios están duplicados, pero por que hay una diferenciación de las dos áreas que existen en el edificio: una de uso administrativo y otra que no. Así, que los ocupantes se encargan de determinados servicios de la zona que ocupan, mientras que la entidad gestora lo hace del resto del edificio.

Luego, hay contratos que ocupan todo el espacio.  Algunos que, según parece, eran acuerdos de palabra, para paliar una situación temporal.

Si la cosa no fuese ya de por sí compleja, se añade que se ha traspasado la gestión del edificio a un tercero y que en ese traspaso no llegó toda la información sobre el estado de los servicios y suministros del edificio. Resultado: se prorrogó un contrato, pero la información no llegó y el nuevo organismo gestor volvió a contratar ese servicio.

A esto hay que añadir las diversas maneras de trabajar que tienen las empresas que se encargan de los servicios.

Todo esto me lleva a la siguiente reflexión final: ¿por qué, si siendo todos los edificios propiedad de una administración madre que acaba centralizando la compra de éstos, no es esta misma administración la que gestiona la contratación de los servicios accesorios de dichos edificios?

De esta forma se evitarían duplicidades en la contratación (ya sea por sectorialización de los espacios como por errores de comunicación o desconocimiento); conflictos entre empresas del mismo servicio en diferentes zonas del mismo edificio; asignaciones presupuestarias de ida y vuelta, te doy crédito para que contrates tal servicio de un edificio que es de mi propiedad pero que tú ocupas, siendo la misma administración.

Puedo entender esto en empresas públicas, pero en instalaciones donde se realiza la actividad administrativa pura y dura, me parece un sinsentido. 

Entiendo que para esto habría que dimensionar de efectivos a la unidad encargada de la gestión de los edificios, problema que se podría resolver con una redistribución de efectivos de las unidades de otros organismos o de la misma administración que se dedican a esas tareas, ya sea desde la gestión de la contratación como la de gestión del edificio.

Asimismo entiendo que haya cierta desconcentración territorial de dicha gestión, de ese mismo departamento en lo tocante al control de la ejecución de los contratos adjudicados, pero en contratación creo que es más eficiente un contrato con los lotes necesarios, a un sinfín de contratos en los que acaban existiendo disparidad de criterios de todo tipo e interpretaciones, omisiones. 

Presuspuesto, ejecución, contratación, transparencia y otros unicornios.

Llevaba barruntando sobre el tema desde hace tiempo. Desde que empecé a escuchar a una de las últimas directoras que hemos tenido, sobre el porcentaje de ejecución del presupuesto del año 2019, creo. A esto, hay que añadirle la sonata recurrente de "si no se gasta, el dinero se pierde". A ver si consigo ordenar conceptos y ligar argumentos.

A partir de ahí, se ha ido desarrollando en mi cerebro una interrelación entre estos temas: el presupuesto, la ejecución del presupuesto, la contratación administrativa (en la parte relativa sobre el presupuesto: partidas de gasto corriente e inversión), la transparencia y seguro que surge alguna cosa más. Sí, claro la deuda pública, que parece que no, pero que orbita alrededor de todos estos conceptos.

La primera interrelación es la que se realiza entre el presupuesto y su ejecución. Primero, vamos a ser honestos, y decir que sobre cuestiones presupuestarias entiendo lo justo: vamos, que es una previsión de gastos y una estimación de ingresos y, que en principio, se debería cuadra a cero. Mi primera observación es sobre qué es lo que impera en la ejecución presupuestaria, si cumplir el objetivo de gasto y dejar todas las partidas a cero o si, por el contrario, debe cumplir el objetivo de ejecutar los programas al mejor precio posible.

Una vez hemos llegado a aquí, entra en juego la contratación pública, que es el medio por el cual las administraciones consiguen proveerse de servicios, obras y suministros. Si la contratación se sujeta a una programación, no exenta de acontecimientos imprevistos, que la ley resguarda bajo el paraguas de la contratación por emergencia, el objetivo es conseguir la mayor calidad al mejor precio, suponiendo un ahorro en cada contratación. Asimismo, nos encontramos con que estamos ejecutando lo programado que tiene su reflejo sobre las cuentas previstas sobre el presupuesto. No nos olvidemos, que cada licitación tiene sus plazos procedimentales, donde la improvisación, que no la emergencia, deberían tener un impacto mínimo, tendente a cero.

Es aquí cuando ambas interacciones entran en una tercera, que podría definirse como contradictoria, colusiva (de colisión, de impacto). Intento explicarme, Si hemos conseguido satisfacer las necesidades programadas por un importe inferior al presupuestado, consiguiendo de esta manera un ahorro en las arcas públicas, nos encontramos ante la imposibilidad de no poder ejecutar el 100 % del presupuesto. Aquí es donde aparece mi gran duda ¿cuál es el objetivo primordial? ¿ejecutar todo el presupuesto, es decir, dejar a cero todas las partidas; o, ejecutar todo lo programado? Mi parecer se inclina por la segunda opción. Además, la contratación pone en manos de los responsables mecanismos para poder llegar al máximo de ejecución del importe presupuestado: básicamente, la adjudicación por importes unitarios con el tope del presupuesto máximo de licitación, que te permite satisfacer un número superior de servicios o suministros a los previstos.

Con este excedente entramos en la última interacción, que es uno  de esos unicornios que rodean a la administración: la deuda pública y la famosa frase que cito en la introducción "el dinero se pierde". Aquí es donde puedo empezar a divagar, si no lo he hecho antes. Tenemos el objetivo de satisfacer lo programado presupuestariamente y conseguirlo con el máximo ahorro posible sin perder el mínimo de calidad necesario. Si conseguido este objetivo, tenemos un remanente presupuestario, mi parecer es que debería dedicarse a sofocar la deuda pública (tendría que repasar concepto para no confudirlo con el déficit público), aligerando la carga que supone esta partida dentro de presupuestos futuros. 

Pero es aquí donde entra el otro unicornio que relaciona presupuesto y ejecución, que es el "dinero se pierde". Creo que esta es una rémora que se arrastra de esa tradición tan arraigada que es el presupuesto incrementalista: gastarlo todo para que en el presupuesto siguiente puedas perdir lo mismo, como mínimo. Al final, acabas condicionando presupuestos futuros a ejecuciones actuales hechas de manera impulsiva y sin más objetivo que el ya explicado, no "perder" dinero.

Es curioso ese doble sentido del concepto perder, relacionado temporalmente. El creer que no gastar ese dinero presupuestado se ha perdido, como si que acabe destinado a sofocar, menguar, reducir la deuda pública no fuese un objetivo suficientemente importante. Esa es la concepción del aquí y ahora, que se acaba vinculando con un futuro en el que no se podrá obtener el mismo presupuesto, po no haber gastadolo anteriormente. Me parece una visión súmamente obtusa, tanto por el que se plantea como unidad de gasto, como por la unidad que debe autorizar la cantidad máxima a gastar.

Creo que aquí ya empiezo a generar cierta nebulosa conceptual y puede hacer poco comprensible lo explicado. Ya lo he avisado al inicio.

Para el final he dejado el tema de la transparencia, que igual daba para otro post (poner artículo me parece de una soberbia importante), pero ya lo dejo aquí.

En estos días nos llegan las peticiones para recopilar la información sobre futuras contrataciones, indicando importes, tipología de contratos, fechas y objetos del contrato con la intención de publicarlo en el perfil del contratante. Mientras estaba leyendo la solicitud me asaltó la siguiente duda: No le estaremos facilitando a las empresas, con este tipo de información y en formatos que facilitan el tratamiento de los datos, que estas puedan llegar a acuerdos de reparto de mercados, a montar cárteles en los que deciden quién se presenta a qué y dónde.

Entiendo que el objetivo es facilitar que las empresas se preparen para que decidan cuál de las licitaciones futuras es de su interés, pero, como digo, el uso de esta información puede ser usada con otros objetivos. Si hasta llegamos a darles una aproximación de cuanta parte del pastel se pueden repartir.

De ahí, mis objecciones a publicar dicha información de la forma en la que se realiza. Creo que debería limitarse, que no se debería informar, en ningún caso, de los importes previstos e, incluso, del objeto del contracto de forma tan singularizada. Quizás se podría usar el CPV como guía, para intentar poner obstáculos en la formación de posibles cárteles.

El espejismo de apartar las piedras del camino.

Con ese título, ¿de qué se puede hablar? Pues de los contratos basados en acuerdos marco. 

Lo primero la sinceridad, si es que tiene algún valor, la premisa de estas cuatro líneas es una interpretación, basada en la intuición y en el error sobre procedimientos de contratación al que pueden llevar este tipo de procedimientos.

Estos procedimientos son como autopistas recién inauguradas para los políticos, ven en ellas la manera más rápida de llegar a su fin, el que sea. Sobre todo si, como en Alemania (no sé si todavía es así), no hay límites de velocidad. Con dos o tres llamadas, se acelera el procedimiento cuando intervienen terceros (nuestra amada intervención).

Pero claro, esto es un espejimo dentro del inabarcable universo de la contratación pública. Para circular por una autopista, primero hay que hacerla, y eso son los acuerdos marco y el resto de procedimientos de racionalización de la contratación (pero de estos no uso). Mi más sincero y enorme agradecimiento a todos aquellos que los construyen y nos facilitan la vida. 

El problema es que en el día a día tenemos los procedimientos ordinarios. Nuestras carreteras comarcales recién inauguradas, de piso firme pero con ese trazado sinuoso y lleno de intersecciones. 

¿Por qué es un espejismo? Porque puede deslumbrar a quien, recién instalado en su silla y con el poder decisorio, puede crearse la falsa sensación de que contratar es rápido y fácil, que no hace falta una previsión excesiva para llegar a adjudicar un contrato.

Pues esta es la situación en la que me hallo, que el nuevo amo del despacho crea que todo el monte es orégano y no lo es.

Sinceramente, espero estar completamente equivocado. Pero ya conocemos las prisas de los que quieren darse a conocer.

¿Personalidad o personalismos?

Breve entrada sobre lo que llevo sufriendo en una mesa y como las personalidades o personalismos suponen una carga insoportable cuando se llevan a los extremos.

Estamos tramitando la contratación de un servicio. Mientras se han ido desarrollando los diferente trámites del procedimiento, han ido aflorando contradicciones y errores que han trufado el camino de pequeñas trampas.

La cuestión es que estas pequeñas trampas han alcanzado una dimensión que ha acabado explotando en las mesas que se han celebrado. Esa es la cuestión, el problema es otro.

El problema es la interpretación del redactado de según que partes de un pliego, que según cada parte, implica unas u otras decisiones que afectan al desarrollo final del procedimiento. Pero el problema se ha visto agravado cuando han entrado en juego las personalidades de las partes enfrentadas por sus interpretaciones opuestas. Se ha empezado a difuminar la barrera entre la argumentación y las simpatías personales. Y, junto a las argumentaciones respectivas, han empezado a enraizarse ciertas antipatías, fruto de posiciones monolíticas y poco dadas a la negociación y la cesión por ambas partes.

Y, por eso, se ha convertido un procedimiento administrativo en un enfrentamiento soterrado de personalismos, en el cual, ninguna parte parece dispuesta a ceder un ápice.

Partiendo de la base de unos errores iniciales, que han sido los desencadenantes de esta situación, las partes no han sabido o querido acercar posturas para poder agilizar el procedimiento y llegar a un final de una forma bastante ajustada a la norma, aunque sea cuestionable.

Cuando la personalidad degenera en el personalismo, las víctimas somos los demás. Convierten el diálogo en una enconada discusión en la cual no hay visos de salida.

Nota: lo que se quiere contratar es bastante superfluo, cosa que en ningún momento se ha puesto en cuestión, ya que podría haber otras formas de hacer lo mismo.

Moraleja: en qué se gaste el dinero, irrelevante; pero mi palabra es ley.

Barbaridades de hace unos años.

Con todo el jaleo montado con los comisionistas en la contratación pública, los públicos (políticos), principalmente, he estado rumiando sobre las declaraciones de los implicados o salpicados sobre las acusaciones hacia ellos vertidas y los argumentos esgrimidos contra estas y poner cuatro líneas por aquí.

Uno de ellos, el principal o, quizás, el único ha sido el de la impecabilidad en la tramitación de los contratos. Mi primera reacción fue una media sonrisa recordando mis inicios en el "gremio" (que poco me gusta esta palabra) de la contratación pública, como un simple auxiliar administrativo.

No sé si esa palabra, la impecabilidad, tiene el mismo significado para quien la pronunció y para mí, pero me temo que no. Eso me hizo echar la vista a diez, doce años atrás.

A la deriva.

Cuando haces algo mal desde el principio, la lógica determina, casi absolutamente, que tiene que acabar mal.

Por mucho que se vista la mona de seda, mona se queda. Por mucho que quieras buscarle forma de un contrato a una subvención, no deja de ser una subvención. Así que en la búsqueda de talla, hechuras y vestido, nos quedamos como el emperador y su nuevo traje, desnudos, o sea con un procedimiento desierto. Uno de los licitadores esperaba presentarse y cobrar, y claro si tienes que darle forma al contrato, hay alguna que otra obligación a cumplir, para poder justificar el dispendio económico. Y, si la obligación supone una carga económica para el licitador, pues como que ya no le interesa.

Nueve meses.

En ningún caso es una relación a un parto, es lo que llevamos de año y aprovecho para hacer un pequeño balance de lo que ha sido la contratación allá donde trabajo.

Aunque no es un parto, este tiempo no ha estado exento de dificultades, precauciones y sustos que conlleva la gestación de un niño.

Primero voy a realizar un pequeño resumen de la actividad contractual de mi administración, un pequeño organismo autónomo y de como han ido las cosas, sin nombres, ni apellidos, intentando quedar difuminado en el océano digital, pero dejando impronta de la desazón que provoca la realidad y viendo el horizonte (digital) que ya va asomando.

Conciencias transparentes.

A vueltas con la transparencia, cuestión que está de moda, en el candelero, puesto que está en marcha un texto legislativo para intentar arrojar un poco de luz sobre los subsótanos de la administración, y muy especialmente, en la contratación pública.

En mi caso, la transparencia llega en forma de una sesión informativa de mi administración, en la que se nos convoca para una explicación sobre cambios efectuados en la aplicación para la introducción de la información requerida por el registro público de contratos. 

La relación entre transparencia y el registro es que este ha sido elegido el instrumento, por parte del gobierno, mediante un organismo ad hoc de control de la contratación pública dependiente directamente del presidente.

La introducción de la sesión la realiza la cabeza visible de este organismo y en toda la locución, la palabra transparencia recorre el salón de actos como una arenga antes de saltar de la trinchera, bayoneta calada, hacia el fragor de la batalla.

Mi reacción, casi me da un ataque de risa. No por el loable esfuerzo de intentar ser transparente, si no por el medio utilizado para materializar esa transparencia: el registro público de contratos.

Apuntes sobre ineficiencias en la contratación.

Llevaba unos día barruntando sobre el tema de algunas ineficiencias en la contratación pública, puesto que tengo en las manos un procedimiento abierto pendiente de publicarse en dos de los tres diarios oficiales.

La ineficiencia viene ligada a los tipos de procedimientos existentes en el TRLCSP. 

Concretando, el hecho de publicar un mismo anuncio, o de contenido muy similar, entres diarios oficiales a la vez es de un absurdo total, cuando se trata de información redundante. Pues así es como nos encontramos cuando nos hallamos ante un contrato sometido a regulación armonizada, que se ha de publicar, siempre que no seas el Estado, en DOUE, BOE y el correspondiente diario oficial de la Comunidad o Diputación según sea la administración contratante. Esto sin contar con la omnipresencia de los perfiles del contratante.

¿Por qué lo llaman contratación cuando es subvención?

Ahora estoy metido en una de esas ocasiones en que se usa la ley para burlar a la misma ley burlada. Vaya, me ha quedado un poco confuso, pero es claro y diáfano. La transmutación de las subvenciones derivadas de convenios en contratos administrativos.

La cuestión es que hay una colaboración entre la institución para la que trabajo y ciertas patronales, que hasta el momento se había ido articulando de diferentes formas.

Este año, por motivos presupuestarios, ya sabemos como está el patio, no ha habido forma de articularlo mediante subvención o ves a saber como se hacía, que me ha caído el marrón en forma de contrato administrativo.

Dadas las fechas en las que estamos, octubre, no hay otra manera de hacerlo que mediante un contrato menor. Y en esas ando, hablando con los interesados, para ver como llegamos a exprimir al máximo lo que determina la ley, llegar al límite económico del contrato menor. Así, que nada, arreglándoles la oferta económica para que parezca algo legal y que la Intervención no vea como lo que es, una subvención a una patronal, ves a saber con qué intereses futuros y para quien.

La reinserción como alternativa en la contratación.

Hacía ya un tiempo que no escribía nada por aquí. Los motivos dos: el no encontrar un tema que la experiencia del trabajo del día a día permitiese realizar una reflexión y la llegada súbita de trabajo, después de un tiempo de sequía laboral.

Como todos sabemos, la racionalización del gasto, vamos los recortes y tijeretazos, nos han llevado a abandonar un local que ocupaba un "ente" (sin tener personalidad jurídica, sí que tenía una diferenciación, sobre todo física, con el resto) del organismo en el que trabajo, a recolocar el personal con el mínimo de movimientos internos y readecuar espacios para ubicar al ente, pasando de más de 1.000 m2 a unos 300, si llega.

Todo esto con la planificación que caracteriza a la administración, mañana debe estar hecho. Con lo que en poco más de un mes se han tenido que resolver el contrato de alquiler y todos los de servicios que iban asociados al local que se desocupa, desaloja o abandona; contratar una empresa que te realice el traslado y pueda custodiar cierta cantidad de material y/o mobiliario y adecuar el espacio que han de ocupan en la nueva ubicación.

El laberinto de la ambientalización

Es un hecho, el mundo es finito, como lo son sus recursos.

Partiendo de una obviedad voy a poner cuatro notas sobre la ambientalización de la contratación pública, a raíz de un curso de 10 horas que hice la semana pasada.

Mi formación y experiencia en este mundo de la contratación ha sido siempre más como gestor (o un intento de serlo) más que como jurista (de lo que me alejo tanto como me permite la ley), pero en la crítica al curso, la parte jurídica, fue de largo mucho menos aburrida y pesada que la parte específica del curso.

Para el que no lo sepa la ambientalización de la contratación pública es el próximo horizonte que nos espera en la próxima directiva comunitaria. Parece ser que hay que contratar barato y limpio, o por lo menos no comprar sucio o agresivo con el medio ambiente. Cosa que viendo la obviedad de la primera frase, me parece loable. Pero malpensando un poco, no será el objetivo ponerle una barrera a todo lo que viene a del otro lado del mundo, para proteger a las empresas europeas, muchas de las cuales seguro que tienen joint ventures (que palabro más moderno) en tierras chinas para poder seguir manteniendo esos márgenes de beneficios que tanto anhelan los ejecutivos.

Transparente, translúcido, opaco

La semana pasada la Triple S salió en rueda de prensa para anunciar, a bombo y platillo, la intención del gobierno de redactar una ley de Transparencia.
Para el profano en una parte del objeto de dicha ley, la que concierne a la contratación pública, puede parecer una tarea digna y bienintencionada. Pero uno, para bien o para mal, lleva ya cierto tiempo metido en estos temas y ve dicha ley como un brindis al sol, más como el anuncio estrella para vender algo que ya se podía vender desde hace tiempo.
Tanto la última ley de contratos del sector público como sus sucesivas reformas hasta la publicación del su texto refundido (TRLCSP), inciden en la necesidad y la oportunidad de publicitar al máximo todo lo referente a la contratación administrativa de las administraciones públicas.

Artesanos de la tijera, vendedores de humo.

En cualquier momento del día, en cualquier medio de comunicación tropezamos con noticias sobre la apocalipsis económica, la crisis perpetua y los apuntes para salir de ella. Cuando te entretienes a ver como quieren solucionar los problemas, de fondo suena la banda sonora del afilador y los artesanos, los orfebres de la tijera esperan que el maestro les deje su herramienta lista y afilada para comenzar el rito de la circuncisión de los servicios públicos. En nombre del déficit, de la deuda y de las cuentas claras, se aplican al ejercicio de la palanca segadora, metiendo tijeretazos a diestro y siniestro, dejando la sanidad y la educación como la cabeza de un recluta de los tiempos en que existía el servicio militar. Ante la tesitura, es caro enterrar a un muerto, pero más mantener a un vivo, la elección es clara, más vale que alguien pague 1000 de golpe, que no que yo pague 100 veces 50. Lo de llenarse la boca como defensores de la vida a ultranza, ya lo dejamos para otro rato. Una vez la siega se ha iniciado, comienza la quema de los rastrojos, y si hay un poco de suerte, se extiende el incendio y algún conocido saca algo de provecho. Ya se sabe, favores debidos por servicios prestados. En esta coyuntura se puede entender un proceso de alienación de patrimonio por parte de una administración. Como con la tijera no se llega a lo que exige el tutor Mercado, hay que llegar de otra manera y, de rebote, pagar aquello que se debe o que se deberá. Vendo algo que tengo a medio pagar, para aligerar las cuentas, pero lo vuelvo a alquilar, por que en algún sitio debo tener recogido al rebaño. Pero lo que se pide, escasamente cubre lo que costará alquilar. Si tu objetivo es el beneficio, este ejercicio de contabilidad financiera te puede servir. Pero si tu no tienes que tener beneficio, ¿dónde está el beneficio? Claro que el beneficio existe, pero para quien prestó servicios a la causa, que se marchó del primer plano, pero pasado un tiempo, no excesivo, pero si suficiente en estos tiempos de memoria fugaz, la recompensa llega a su destinatario. Mas y Medí, como lo fueron hace un año, uña y carne, o cul i merda, que se dice en ese país tan pequeño que cita Pep. Consejero en Endesa y luego un pequeño regalo a su bufet, asesorando a una de las empresas intermediadoras encargadas de colocar en el mercado parte del patrimonio público, Madí, lejos de los focos y el desgaste de la primera línea política, se está cobrando el tiempo dedicado durante la campaña electoral.

La ley del papel higiénico.

Sabio es el dicho castellano hecha la ley, hecha la trampa. Para eso están los letrados, abogados y jueces, para interpretar lo que dice algo hecho por políticos. Pero dicho esto, hay un campo en la administración pública, que el mencionado dicho ha sido superado por la izquierda, la derecha, por arriba y por abajo. Este campo es la contratación administativa de los poderes públicos.

Da la sensación que es una ley que está escrita blanco sobre blanco, puesto que por mucho que se la lea, estudie por parte de determinados sujetos, parece que sea un articulado escrito en blanco. Se hace caso omiso de forma sistemática, como si su única función, y de ahí el título de este pequeño artículo, sea la misma que el papel higiénico, el de limpiarse, después de aliviar el sistema digestivo.

También, se puede entender como metáfora, que se utiliza la ley para darle un barniz de legalidad a toda la mierda que se salpica.

Los intereses particulares superan el interés público. Y no me estoy refiriendo a la corrupción (a cualquier escala), sino más en concreto a la propia carrera personal: intentar caer en gracia o no caer en desgracia de tus superiores, o en el caso de los superiores, de los electores.

Después de más de una década sufriendo una ley insuficiente, durante más de dos años de incumplimiento de una directiva europea (con otras se corre que da gusto, suelen ser las que sirven para pagar los favores a los grandes compañeros de viaje: la liberación de aquellos servicios públicos que cada mes o dos pasan reclamando el diezmo), se llega a una nueva ley, que aunque parezca mentira, empeora lo presente. Bueno, tiene un par de buenas intenciones, que la práctica ha llevado a que sean eso, buenas intenciones. Una de ellas trata de dar la máxima publicidad e información posible sobre todos los negocios económicos que realice la administración con terceros privados, principalmente. Pero, incluso con esto, hay quien parece no darse por aludido, que los plazos marcados por una ley, tienen el mismo valor que una tonelada de arena en el desierto.

Volvemos al maquiavelismo, el fin justifica los medios. El fin es hacer lo que manda en ser superior, el medio es aquí y ahora y que ya lo arreglen otros.